Todo había iniciado en 2007, con la empresa canadiense Golden Peaks y la exploración en busca de oro. No habían hecho estudio de impacto ambiental ni convocado a audiencia pública (como establece la ley). Mediante el aviso de un empleado municipal, la Iglesia local se enteró, convocó a una reunión e iniciaron visitas a los parajes cercanos para informar a las comunidades y escuchar la opinión de los pobladores. Comenzaban a gestarse organizaciones y articulaciones: la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), la Asociación de Fomento Rural del paraje Huecú Có y la comunidad mapuche Mellao Morales. Se multiplicaron los diálogos, intercambios de información, preguntas y dudas. También se socializó con otras organizaciones de la provincia y del país. Fue casi inmediata una conclusión: de concretarse el proyecto minero, ya nada volvería a ser igual en la región. Segunda certeza: se estaba vulnerando derechos, entre muchos otros, de los pueblos indígenas y la legislación ambiental.

Utilizaron diversas estrategias para concientizar: folletos, calcomanías, programas de radio, marchas, espacios de discusión académica en la capital provincial y en Loncopué. Y contribuyeron a la conformación del Foro Permanente por el Medio Ambiente (espacio provincial que reunió a una decena de organizaciones).

“Las empresas te ofrecen lo mejor, pero nunca cumplen. Pasó en Loma de la Lata (yacimiento petrolero de Neuquén donde viven comunidades mapuches). El Gobierno dice que va haber mucho trabajo, pero después no queda nadie, sólo los ingenieros que traen de afuera”, advirtió el lonko (autoridad política) de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.

En el breve andar del proyecto, hubo un cambio de accionistas —mediante la intervención de la empresa estatal Corporación Minera de Neuquén (Cormine)— y el proyecto quedó en manos de compañía china Metallurgical Group Corporation (MCC).

La Iglesia local fue un actor importante. El cura párroco José María Dorfeo fue una de las voces que denunció los riesgos de la minería, puso a disposición las instalaciones de la parroquia y se sumó a la asamblea de vecinos AVAL.

Loncopué está ubicada en la Patagonia argentina, provincia de Neuquén, y surcada en todo su límite oeste por la Cordillera de Los Andes (que marca la frontera con Chile). A 800 kilómetros al sur está Esquel, lugar emblemático de la lucha contra la megaminería. El 23 de marzo de 2003 allí se realizó la primera votación contra la actividad extractiva. Y allí también fue rotundo, ocho de cada diez votantes dijeron “no” al extractivismo.

En el entretejido de luchas de Loncopué también estuvieron presente, entre tantas otras, la historia de Andalgalá (donde se realizó el primer proyecto megaminero de Argentina, en la década de 1990) y otras dos luchas contemporáneas: Famatina-Chilecito (localidades que echaron a cuatro mineras —entre ellas a la poderosa Barrick Gold— mediante el corte de caminos y acciones directas) y Gualeguaychú, en el extremo este de Argentina (en el límite con Uruguay), ciudad de 130.000 habitantes que se levantó en rechazo a enormes fábricas de pasta de celulosa.

Otros actores claves fueron los medios de comunicación, el poder político local y el Poder Judicial. Los grandes diarios y canales de televisión “nacionales” (en realidad son de Buenos Aires, la capital de país) invisibilizaron el tema. Pero los medios regionales (de la provincia de Neuquén) tomaron partido por los intereses mineros.

En cuando al sector político, la provincia estaba gobernada desde hacía medio siglo por el mismo partido político (llamado Movimiento Popular Neuquén —MPN—), que estuvo decididamente a favor del proyecto minero. Utilizó todas sus herramientas (tanto legales como ilegales —grupos de choque violentos—) para impedir la realización de la votación. El mismo domingo 3 de junio, al iniciar el referéndum, un ministro de gobierno y un escribano intentaron suspender (sin éxito) el acto democrático.

El Poder Judicial, que en Argentina rara vez actúa en consonancia con las luchas populares, esta vez hizo cumplir la legislación nacional y fue un factor importante.

En septiembre de 2009, el Superior Tribunal de Justicia (máximo tribunal de Neuquén) hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción extractiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.

Luego de la experiencia de Loncopué, ningún gobierno municipal ni provincial de Argentina permitió realizar votaciones referidas al extractivismo, pero eso no implicó que las comunidades locales pudieran frenar proyectos mineros, petroleros, forestales y del agronegocio. “Con el corazón emocionado y siempre alerta seguimos diciendo: sí a la vida, sí al ambiente sano, sí a las futuras generaciones, sí a la salud, sí a la vida campesina, sí a la cosmovisión Mapuche. Y, por todo eso, seguimos diciendo no a la megaminería”, explicó Viviana Vaca, integrante de la asamblea AVAL.