Por Maico Martini, para la Red CALISAS
La semana pasada, el gobierno nacional avanzó en el intento de derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable –PAS- N° 27.642, conocida popularmente como “Ley de Etiquetado Frontal”. A través de un proyecto enviado al Senado, con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y otra iniciativa presentada ante Diputados por legisladores oficialistas, la administración nacional pretende dejar sin efecto la Ley PAS.
La norma, sancionada en 2021 luego de un extenso debate legislativo en el que participaron expertos, académicos, profesionales de la salud, referentes sociales y sectores de la industria alimenticia, entre otros, nació con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de la población y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y la malnutrición. Uno de los aspectos más importantes de la ley es el etiquetado frontal, que advierte sobre el exceso de ingredientes críticos como azúcares, grasas o sodio en los productos ultraprocesados, también establece obligaciones por parte del Estado para avanzar en una educación alimentaria nutricional y en el diseño de espacios saludables en los entornos escolares.
Con el argumento de que la ley entorpece el comercio regional y afecta a las empresas alimentarias, la administración de Milei busca darle la última estocada a la normativa, tras las flexibilizaciones y modificaciones anteriores. En respuesta, más de 300 organizaciones sociales, científicas y académicas reclamaron en defensa de la Ley N° 27.642 e instaron a los legisladores a votar en contra de la derogación.
Maribel Coseano, nutricionista e integrante de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba –CLAySA/UNC-, recuerda que la ley nace “porque hay cuatro de cada diez niños con sobrepeso y obesidad” según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y explica que “la primera causa de muerte en Argentina son problemas cardiovasculares, o sea, infartos. Todo ese tipo de enfermedades, como la diabetes, la hipertensión y demás se pueden tratar con tiempo y prevenir, justamente con alimentación saludable”.
En ese sentido, alerta que hoy “tenemos un grave problema: según UNICEF los productos ultraprocesados son la base de la alimentación en infancias y adolescentes, representando más del 35% del aporte calórico diario, y no los alimentos naturales. Estos son de muy fácil acceso para las infancias y está provocando que tengamos niñas y niños de 10 años con problemas de riñones, de vesícula, con presión alta y diabetes”, entre otras patologías.
Sobre este punto, Sabrina Zalazar, nutricionista y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego –CALISA/UNTDF-, subraya que “esta es una ley de salud pública”. “Los patrones que se están utilizando para generar los sellos vienen de la Organización Panamericana de la Salud, que está vinculada a la Organización Mundial de la Salud”, y agrega: “obviamente que tocamos los intereses de la industria alimentaria, pero nuestro objetivo como profesionales de la salud es seguir una ley vinculada a la salud pública y al derecho a la alimentación saludable”.
Al ser consultada sobre los problemas de salud vinculados al alto consumo de ultraprocesados, la especialista destaca que “estamos viendo enfermedades de adultos en niños. A veces vemos marcas en la piel, hay una marca muy relacionada al aumento de la insulina, que suele aparecer alrededor del cuello, eso lo vemos en muchos chicos. Después, a muchos que les hacemos análisis, aparece la glucemia alta que aumenta la posibilidad de tener diabetes o el colesterol alto, vinculado al consumo de galletitas rellenas. Es impresionante cómo está presente en la infancia”.
En ese sentido, destaca que cada vez más jóvenes necesitan medicarse para paliar los efectos de las enfermedades crónicas no transmisibles, “ya a los 18 o 20 hay muchísima población joven que necesita medicarse, y ahí vemos la relación entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria: quieren eso, quieren que cada vez más temprano tengamos que medicarnos”.
“También están las enfermedades intestinales, tenemos cada vez más evidencia de problemas intestinales relacionados a los ultraprocesados, y eso repercute hasta en nuestra salud mental. Ahí vemos todo el círculo, esto de la salud integral, por eso es una ley integral. Porque estos productos afectan a muchas partes del cuerpo, a muchas partes de nuestro entorno social”, advierte Zalazar.
Al respecto, Coseano considera que “la ley fue un gran logro, que tiene que ver con el derecho a estar informado, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación saludable, que son básicos. Derogarla es dar un gran paso para atrás que va a afectar a la salud pública”.
Anteriormente, el gobierno nacional ya había impulsado una serie de modificaciones que flexibilizaron los alcances de la ley. A fines del 2024, mediante disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología –ANMAT-, el ejecutivo ordenó evaluar solamente los excesos de ingredientes críticos agregados, sin considerar los que se encuentran de forma natural en el producto, permitiendo que algunos productos dejen de tener sellos, o tengan menos sellos que antes.
También les permitió a las empresas incorporar información complementaria como “bajo en sodio” o “0% grasas”, algo que la norma original no permitía en productos que tengan una advertencia. Asimismo, exceptuó la aplicación de la leyenda “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”, si es que la función no es endulzar, ya que los edulcorantes también se usan para humectar o decorar algunos productos. Además, redujo la edad de protección a la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos con sellos.
“Para nosotros esa disposición del 2024 ha sido un retroceso, nos gustaría que la ley funcione como estaba planificada”, opina Zalazar. “Nos quedaron muchas cosas que no podemos practicar, hoy tenemos que estar defendiéndola, pero todavía la implementación total no la hemos podido practicar, no nos han dado la oportunidad. El octógono solamente es una alerta, que sirve un montón. Pero ahora estaría bueno ir al segundo paso que es entender qué significa eso, qué le pasa a mi cuerpo cuando consumo esas grasas saturadas, cuáles son los riesgos”, lamenta.
Al respecto, Coseano añade que “nosotras venimos estudiando el tema, y una de las cosas que hemos descubierto es que los chicos que tienen más información y que han tomado en cuenta los octógonos tienen mejor estado nutricional, eso está claro”.
Al ser consultada sobre las particularidades de Córdoba, la docente de la UNC explica que “la provincia no adhirió a la ley, a pesar de que la ley es nacional y debería cumplirse en todo el país, Córdoba no se adhirió y hay cosas que no se están cumpliendo”, detalla que en algunas escuelas de la capital el municipio ha avanzado en la implementación de la educación nutricional, pero que a nivel provincial la implementación es escasa.
Por su parte, Zalazar destaca que Tierra del Fuego está en una posición vulnerable, al tratarse de un territorio insular ubicado al extremo sur del continente. “Como isla lo que más nos llega son alimentos que ya están procesados, por ejemplo, hay mucho consumo de verduras y frutas congeladas y todo el tiempo tenemos que estar viendo que no le estén añadiendo azúcares, ni sal o aditivos”, detalla.
Además, “en lo que es la educación, estamos muy mal en materia de nutrición, ni siquiera tenemos a un nutricionista dentro del Ministerio de Educación, para que te des una idea lo difícil que es. Colegas que están a cargo de implementar estas políticas alimentarias en entornos escolares nos comentan que el gran retroceso que se tuvo es que volvieron a ingresar -con las modificaciones de 2024- alimentos que antes tenían octógonos y hoy no los tienen. Esto era algo que se venía limitando un montón, y ahora otra vez en las licitaciones de comedores escolares ingresan alimentos ultraprocesados”.
“Desde nuestra mirada de Red CALISAS, esa discusión no está yendo a replantearnos esta ley, todo lo contrario. Lo que exigimos ni bien salió esta ley fue preguntarnos ¿Y los agroquímicos? ¿Y los transgénicos? También tenemos el derecho a poder saber esto, o sea que nuestras ideas de discusión con el gobierno son para seguir avanzando en este tema de tener cada vez más información en el rótulo, no el retroceso. En eso estamos firmes”, dice finalmente Zalazar.
“Ahora es tarea de todos defender está ley, porque está peligrando la salud de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, sentencia, por su parte, Coseano.